Ya se encuentra disponible en la página web de la AEAT el calendario del contribuyente 2018.
Al igual que en ejercicios anteriores, la AEAT ofrece la posibilidad de sincronizar los calendarios de ordenadores y dispositivos móviles con el calendario oficial.
A partir de la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2016, la información sobre operaciones vinculadas y operaciones con paraísos fiscales se traslada al modelo 232, que deberá presentar el próximo mes de noviembre, ya que a partir de la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2016, observará que han desaparecido varios cuadros que hasta ahora se exigían sobre operaciones vinculadas o realizadas con paraísos fiscales.
A partir de ahora deberá facilitar la mayor parte de esa información través de un modelo específico que será aprobado próximamente, (Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales, modelo 232). Este modelo, deberá presentarse durante el próximo mes de noviembre, aunque a partir de la declaración de 2017, el plazo de presentación se fija en el mes de mayo.
En dicho modelo deberá informar del resumen de operaciones vinculadas que hasta ahora aparecía en la declaración del IS.
Deberá incluir: aquéllas realizadas con una misma entidad que en conjunto superen los 250.000 euros, o bien que superen los 100.000 euros y sean del mismo tipo y método de valoración, además, deberá añadir las siguientes operaciones:
La única información que desaparece de la declaración del IS y no se traslada al modelo 232 es el documento normalizado que aparecía en el Anexo V de la declaración del ejercicio 2015. Dicho documento podía ser empleado por las empresas de reducida dimensión para cumplir con su obligación de documentar sus operaciones vinculadas, si su empresa es de reducida dimensión podrá seguir documentando las operaciones vinculadas realizadas a partir de 2016 según el documento normalizado de 2015.
La prestación por maternidad no está exenta en IRPF, según resolución de fecha 2 de marzo de 2017 del Tribunal Económico Administrativo Central, en procedimiento de unificación de doctrina.
El procedimiento de unificación de doctrina tiene como finalidad marcar una postura uniforme de los diferentes tribunales ante diferentes posturas de los mismo por asuntos similares.
En el presente caso, se resuelve que: La prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
Son varios los Tribunales Económico-Administrativos Regionales han alcanzado la misma conclusión a la que se llega en la presente resolución. Así, además de la resolución del TEAR de la Rioja 26/69/2012 de fecha 30 de julio de 2013 y la del TEAR de Murcia 30/00254/2015 de 13 de mayo de 2016 que da lugar a la presente unificación de criterio, podemos citar resoluciones del TEAR de Castilla-La Mancha 13/603/2010 de 19 de julio de 2013; o del TEAR de Andalucía 41/8961/2013 de 20 de febrero de 2015, 14/326/2014 de 23 de octubre de 2015, o la más reciente 41/4304/2014 de 15 de enero de 2016.
El criterio del TEAR de Andalucía se ha visto refrendado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de octubre de 2016 (Rec. nº 337/2015)
Esta resolución deja caer en saco roto la esperanza de muchos contribuyentes al respecto de poder recuperar los impuestos pagados por las percepciones por maternidad basadas en recientes resoluciones favorables. A partir de este momento en cumplimiento de la resolución de unificación de doctrina es de esperar que todos los tribunales resuelvan a favor del criterio de la AEAT ante la petición de considerar exentos de tributación los importes percibidos por la prestación por maternidad.
Plan de Control Tributario y Aduanero para 2017, gira entorno a la prevención, investigación y control del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas, como todos los años se ha publicado recientemente su contenido en el BOE.
Para el 2017 este plan contempla una multitud de medidas y actuaciones a llevar a cabo, o a intensificar, destacamos de estas a continuación las que consideramos más habituales y relevantes.
El principal colectivo de control es el de aquellos que realizan actividades económicas, en especial sobre aquellos sectores susceptibles de mayor riesgo de fraude en IVA.
Se pretende profundizar en el análisis de la información sobre la titularidad de los sistemas de cobro a través de tarjeta de crédito para garantizar la efectiva imputación de los ingresos asociados.
Vigilancia software comercial utilizado que posibilite la ocultación de ventas.
Se contempla una especial atención a la información relacionada con el uso de efectivo, gestión de cuentas corrientes y posibles, beneficiarios de tarjetas de crédito.
Se intensificará la personación en las sedes de la actividad económica de los obligados tributarios principalmente en aquellas actividades que se desarrollen con consumidores finales.
Se revisarán sectores y modelos de negocio ya comprobados en los que no se hayan apreciado cambios en sus comportamientos.
Se controlarán los productos que se encuentran sujetos a Impuestos Especiales y se prestará atención a las ventas y entregas de los productos.
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
El comercio electrónico sigue en el punto de mira. Se controlarán las operaciones de importación y se analizará los nuevos medios de pago además de colaborar con Administraciones tributarias de otros países
Profesionales a través de la detección de signos externos de riqueza incompatibles con los ingresos declarados o patrimonio existente.
En el Impuesto sobre sociedades, se procederá a verificar la aplicación de las bases negativas
En cuanto los particulares se pretende la detección de rendimientos obtenidos por ventas de productos usados y de segunda mano así como alquileres no declarados, en especial de temporada, a través de la supervisión e investigación de páginas de anuncios.
Con fecha 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). Este artículo, que ha permanecido en suspenso hasta el pasado 31 de diciembre de 2016, según establecía la Disposición Final 1.2 de la Ley 9/2015 de 25 de mayo, trata sobre el Derecho de separación de socio en caso de falta de distribución de dividendos.
El mencionado artículo 348 bis reconoce el derecho de todo socio de cualquier sociedad no cotizada, a separarse de la misma en el supuesto de que concurran las circunstancias siguientes:
Así queda la tributación por sucesiones y donaciones en la Comunidad valenciana a partir de 2017.
Con fecha uno de enero de 2017, han entrado en vigor determinadas normas que modifican la tributación existente hasta el momento en los conceptos de sucesiones y donaciones.
Impuesto de sucesiones.
En concreto por lo que se refiere a la modalidad de sucesiones se han producido una serie de modificaciones de carácter técnico en las reducciones a aplicar para el cálculo de la base imponible, que en esencia no suponen más que cambios en matices muy poco significativos.
Por lo que se refiere al resto de modificaciones, hasta 31 de diciembre los beneficios fiscales más destacados eran la reducción para adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges o pareja de hecho, ascendientes y adoptantes, de 100.000 euros. Esta reducción se mantiene.
Y la bonificación en la cuota resultante a pagar hasta 31 de diciembre que era del 75%, mientras que ahora el 75% solo es aplicable a descendientes menores de 21 años y para los descendientes mayores de 21, ascendientes, cónyuges y parejas de hecho esta reducción será del 50%.
Se mantienen básicamente igual el resto de reducciones genéricas, tales como adquisición de vivienda habitual del causante, adquisición de empresa agrícola, adquisición, participaciones en entidades …etc.
En resumen, estos cambios en sucesiones, van a suponer un incremento de la tributación por este concepto de un 33% respecto a la que existía a 31 de diciembre de 2016 para una herencia media.
Impuesto de donaciones.
Con referencia a la modalidad de donaciones del impuesto, es donde más cambios se han producido. Hasta ahora existía un régimen fiscal para estas operaciones que suponía que para la tributación de las mismas con pequeñas cantidades era practicante cero.
Así pues, hasta ahora una donación, por ejemplo, de un piso medio, apenas suponía una tributación de unos cientos de euros, dándose la paradoja que en muchos casos eran más importantes los costes de notarios y registros que los de los propios impuestos.
El funcionamiento del impuesto de donaciones era hasta ahora muy similar, por no decir idéntico al existente para las sucesiones y al igual que en estas los dos factores que determinaban esta baja tributación eran la reducción por parentesco, la cual se mantiene en 100.000€, similar a la de sucesiones, pero con el matiz de que a partir de ahora esta reducción solo se aplicara para adquirientes cuyo patrimonio antes de la donación no supere los 600.000 euros (antes 2.000.000 €).
Mientras que la bonificación del 75% que existía hasta 31 de diciembre ha desaparecido.
En consecuencia, la nueva reglamentación para donaciones supone en el mejor de los casos cuadruplicar la existente hasta 2016
El Salario mínimo interprofesional experimenta en 2017 un incremento del 8%. Las cuantías del SMI vigentes en 2017 son:
No obstante, a la hora de la aplicación de las nuevas cuantías hay que tener en cuenta las siguientes excepciones:
Las nuevas cuantías no son de aplicación:
a) A las normas vigentes a 1-1-2017 de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el SMI como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a 1-1-2017 que utilicen el SMI como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías.
En estos supuestos la cuantía del SMI se entiende referida a la anterior incrementada para los años siguientes en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM. Todo ello también sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del nuevo SMI.
La AEAT, ha publicado el siguiente cuadro resumen de todos los tipos de IRPF aplicables en 2017. igualmente se incluye en el cuadro los diferentes modelos de declaraciones en los que se debe de hacer constar los sentimientos y las retenciones practicadas, así como las diferentes claves a consignar en las declaraciones por cada tipo de retención practicada.
Véalo aquí: Cuadro_tipo_retencion_2017.
Cuatro cambios en la contabilidad de las PYMES para 2017
Se podrán acoger al Plan General de Contabilidad para PYMES aquellas empresas que durante dos ejercicios, no superen dos de los tres parámetros siguientes:
Se reduce el volumen de datos que se deberán incluir en la memoria abreviada. En concreto por lo referido a actividad de la empresa, los activos y pasivos financieros, ingresos y gastos, fondos propios, situación fiscal y aplicación de resultados
Desaparece la obligación de presentar en las cuentas anuales el estado de cambio en el patrimonio neto en los modelos abreviados y PYMES.
Se establece la amortización en 10 años de los activos intangibles hasta ahora llamados de vida útil indefinida. Esta posibilidad de amplia igualmente para el fondo de comercio. Donde no habrá necesidad de justificar su depreciación en base a la capacidad de general ingresos.
Con efectos desde el 21-1-2017 y ejercicios anteriores no prescritos, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.
El tratamiento fiscal es el siguiente:
a) Si tales cantidades, en ejercicios anteriores, formaron parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se pierde el derecho a practicar la deducción sobre las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se haya celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (RIRPF art.59), sin inclusión de intereses de demora.
No obstante, no se adiciona a la cuota líquida estatal y autonómica la parte correspondiente de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.
b) Si dichas cantidades fueron gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no ha prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se pierde tal consideración, debiendo practicar autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por el IRPF.
c) No forman parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna, ni se consideran gasto deducible las cantidades satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de la autoliquidación por el IRPF no ha finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades respecto de las que no existe obligación de adición a la cuota líquida mencionadas en el apartado a) anterior.
3. Lo anteriormente señalado también se aplica cuando la devolución de cantidades sea consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.