El mes para formalizar la donación.

Como regla general, y en especial en la Comunidad Valenciana, donde existen importantes bonificaciones para el caso de donaciones de dinero, estas, para poder acogerse a las mismas deben de liquidarse y formalizarse en escritura pública en plazo de un mes y presentar la correspondiente liquidación ante la Consellería. Pues bien, recientemente se ha ido por parte de los tribunales fijando criterios en este aspecto y en concreto en los casos en los que la entrega de dinero no es simultánea a la escritura, es decir, los casos, en los que se hace una donación de dinero por parte del padre al hijo y con posterioridad, se formaliza la entrega en escritura pública, es estos casos se fija como fecha a efectos del cómputo del mes para presentar voluntariamente la donación, la fecha de la entrega y no la fecha de la escritura con lo cual si ha pasado más de un mes desde la fecha de la entrega sin presentar la liquidación se está incumpliendo el requisito formal que da derecho a la aplicación de bonificaciones y exenciones, lo mismo sucede si entre la fecha de entrega y la escritura, han pasado por ejemplo 20 días, es este caso se dispondrá únicamente de 10 días para presentar la liquidación.

Otro caso, aunque más claro, que se ha fijado como incorrecto es el de entregas que se han ido realizando durante el ejercicio, y a final de año, el padre y el hijo formalizan una donación por todo lo entregado durante el año, en el presente caso tal y como se ha dicho anteriormente, el plazo es el de cada una de las entregas, por lo tanto, cuando se formaliza la donación a final de año lo normal es que ya se incumpla el plazo que da derecho a la bonificación en todas o casi todas las entregas.

En todo caso nuestro consejo es que las donaciones, se formalicen de forma simultanea la entrega del dinero y la escritura pública, aunque esto pueda suponer en determinados casos la realización de varias donaciones casi consecutivas.

Desde el 2 de Octubre “papeles cero” con la AEAT.

A partir del 2 de octubre de 2016 (fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública), se obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica tales comolas asociaciones, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios, a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Además se deja la puerta abierta a que, mediante norma reglamentaria, la obligación se extienda a otros colectivos de personas físicas.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en la Ley consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Sanciones, nuevos criterios de justificación.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en resolución reciente, para unificación de criterio, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sostiene que la utilización de expresiones genéricas tales como, “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad” utilizadas por la A.E.A.T. como motivación en sus expedientes sancionadores, no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad; bien al contrario, resulta una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor y en consecuencia aplicar una sanción.

En cualquier caso, el elemento subjetivo de la culpabilidad ha de hacerse patente en el procedimiento sancionador mediante su motivación. Hasta tal punto es exigente el Tribunal que, la falta de motivación no es subsanable, quedándole vedada a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

Esta interpretación abre la puerta a la viabilidad de un número importante de recursos contra los expedientes sancionadores, que hasta ahora, eran de difícil sustentación, mejorando considerablemente esta postura y por tanto las posibilidades de éxito.

El cese de actividad de perceptores de pago único.

En los últimos años, y como consecuencia de la coyuntura económica, la percepción del desempleo mediante la denominada modalidad de “Pago único”, se convirtió en una opción muy habitual entre quienes tras haber perdido su empleo, decidían aventurarse por su cuenta en el desarrollo de una nueva actividad.

Pasados los años, muchos de estos emprendedores, cesaron en el ejercicio de su actividad por diferentes motivos que no vienen al caso y que son irrelevantes, sin embargo lo que no es irrelevante es el hecho de que fiscalmente el cese de la actividad, antes de los 5 años, convierte a los importes percibidos como pago único, que inicialmente estaban exentos, en importes no exentos, ya que la exención fiscal de estos importes recibidos, se ligaba, aun no sabiéndolo el solicitante, a la permanencia en el ejercicio de su actividad durante este periodo de 5 años.

La consecuencia de estos ceses, es el gran número de liquidaciones que esta practicando la Agencia tributaria en muchos de estos casos, cabe recordar que el incumplimiento de la obligación de ejercer la actividad es extremadamente sencillo de controlar por parte de Hacienda, y la liquidación a practicar también.